El comunicado de las nuevas medidas de la Ley de Vivienda 2023 ha anunciado que se despedirá del IPC para actualizar los alquileres. La Ley de Arrendamientos Urbanos contempla la actualización del precio del alquiler como una cláusula que se activa cada año, y la gran mayoría de contratos se actualizaban a través del IPC. No obstante, la nueva normativa contempla la creación de un nuevo Índice de actualización de alquileres, que será más estable y más bajo que el IPC.

¿Cómo funcionaba el IPC hasta ahora?

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La actualización del precio del alquiler se realiza cada año para adaptar el precio de la renta a la economía actual. Aunque la LAU no especificaba qué índice utilizar para actualizar la renta, sí que indicaba que nunca podría ser una subida de precio superior al IPC. Por ejemplo, si un contrato se firmaba en marzo de 2020 por un alquiler mensual de 1.000 euros, en marzo de 2021 se cumplía la anualidad y el propietario utilizaba el porcentaje del IPC del mes anterior (febrero 2021) para subir la mensualidad.

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A partir de abril de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, el precio de los contratos de alquiler se actualizará con el índice de Garantía de Competitividad (IGC), limitado a un máximo del 2% para paliar los efectos de la elevada inflación en los inquilinos.

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En 2023, los contratos que cumplan una anualidad se actualizarán con un 2%, pero los caseros que sean personas físicas podrán llegar a un acuerdo conjunto con el inquilino para subir más el precio. En caso de no haber acuerdo mutuo, se aplicará el máximo del 2%. Para un alquiler de 1.000 euros al mes, el máximo que se podrá subir será un 2%, lo que equivale a 20 euros mensuales, quedando una renta de 1.020 euros al mes.

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El siguiente cambio es que, desde del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el IPC dejará de estar vinculado a la actualización del precio del alquiler. En su lugar, se ha establecido un tope máximo del 3% que será obligatorio tanto para pequeños propietarios como para grandes tenedores de vivienda.

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Esta medida ha sido diseñada para evitar que los inquilinos se vean afectados por subidas excesivas en los precios del alquiler. Además, la normativa también incluye una cláusula interesante que establece que se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley en caso de que existiera un acuerdo entre las partes. Esto significa que los pequeños propietarios no podrán llegar a un acuerdo con los inquilinos para subir el precio del alquiler más allá del 3% máximo establecido.

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En los próximos años...

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A partir del 1 de enero de 2025 entrará en vigor un nuevo índice de actualización del precio del alquiler que será más estable e inferior al IPC. Un grupo de trabajo está trabajando en este índice, que se espera que sea más bajo que el IPC y con una variación menor para evitar el impacto que tuvo en los inquilinos la subida de precios que se produjo durante finales de 2021 y finales de 2022.

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La decisión de desvincular el IPC de la actualización de los alquileres se tomó porque, aunque siempre se ha considerado un índice fiable para actualizar los precios de los alquileres, a finales de 2021 y comienzos de 2022 se produjo una subida sin precedentes del IPC, llegando al 10,8% en julio de 2022 debido al encarecimiento de la luz, la subida de precios por la pandemia y la guerra de Ucrania, entre otros factores.

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Para proteger a los inquilinos de subidas desproporcionadas de los alquileres, el Gobierno incluyó un límite del 2% en la actualización de los alquileres dentro del paquete de medidas llamado "Plan de choque de respuesta a la guerra". La Unión Europea y España mantienen una inflación media del 2% o 3% anual, lo que hace que el IPC sea un índice estable, pero esta subida tan drástica durante la pandemia hizo que se buscara una alternativa más fiable para actualizar los precios de los alquileres.

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